Enero 2018

Una posición marxista ante la casta de jueces vitalicia del estado burgués 

En los últimos días, luego del encarcelamiento y persecución a luchadores obreros, se ha reavivado la discusión sobre la posición que deben guardar las corrientes obreras ante la justicia burguesa.
En primer lugar, la casta de jueces, como sucede con toda institución del Estado burgués,
no es neutral ni independiente.
Ante un tribunal burgués ningún obrero encontrará jamás una justicia “objetiva” e “imparcial”, sino a un defensor de la legalidad y el orden de los patrones, es decir, de la explotación y el sojuzgamiento de los trabajadores.
Como decía Lenin, “el Estado, es decir todo Estado, es un instrumento para la opresión
de una clase por otra. Por lo tanto, el Estado no puede ser neutral” (“El estado y la revolución”).
El PO y el PTS se escandalizan de la arbitrariedad y la falta de imparcialidad de Torres y
Bonadío ante el encarcelamiento de Arakaki y Ponce, cuando esto es lo normal en la
justicia burguesa. Un ejemplo reciente y repugnante del carácter antiobrero de los jueces es la condena a los obreros de Las Heras en 2013 por orden de las petroleras imperialistas, dictada por un tribunal videlista sobre cargos falsos y basada en testimonios arrancados bajo tortura.
Ya lo dijo Augusto Spies, uno de los mártires de Chicago, en 1886 ante el tribunal que lo condenó: “Al dirigirme a este tribunal lo hago como representante de una clase enfrente de los de otra clase enemiga”.
En segundo lugar, la casta de jueces es una de las instituciones más reaccionarias y bonapartistas del Estado argentino.
La Corte Suprema se ubica por encima de la Constitución Nacional, a la que tiene la facultad de “interpretar” sin rendir cuentas a nadie de sus fallos.
Los jueces son vitalicios en sus cargos y gozan de privilegios inmensamente superiores a los
de cualquier ciudadano.
Los jueces están ligados a los gobiernos, a los grandes capitalistas y sus políticos por miles de lazos políticos, económicos y sociales. Los jueces actuales fueron nombrados por los militares y los gobiernos radicales y peronistas. Son los que ordenan las represiones, los
desalojos de fábricas tomadas, a los servicios de inteligencia y la inteligencia sobre las organizaciones obreras. Son un engranaje fundamental del aparato represivo del Estado burgués.
Ningún obrero -y menos un socialista-, debe reconocerles legitimidad ni autoridad alguna a estos jueces, que representan lo más oligárquico y reaccionario del Estado burgués argentino.
Someterse al derecho de los capitalistas y sus jueces, como ha hecho el PO poniendo a disposición de la Justicia burguesa a Arakaki y Ponce, y presentar esto como una “lucha política contra la burguesía”, es envenenar la conciencia de los trabajadores.
Reconocerles autoridad sobre sus militantes es renunciar a destruir el Estado burgués y
sus tribunales, renegar abiertamente de la insurrección y la revolución socialista.