|
VISITE TAMBIÉN |
||||
EL GOBIERNO SE PREPARA PARA LEGALIZAR EL ATAQUE A LA CLASE OBRERA Como si no fuera poco la mayoría en el Congreso; o los funcionarios obedientes a la orden de la presidenta, del comunicado Nº …emitido por la Comandante en Jefe Kristina; o la Corte Suprema callada ante semejante atropello a todos los derechos democrático, cuya función de defender, está supuestamente en sus manos; o todo el poder judicial que se vuelven eficiente a la hora de procesar trabajadores y ni que hablar cuando se trata de condenarlos, sin embargo no escriben ni un solo título cuando se llevan por delante los derecho más elementales, como los constitucionales, por si se olvidaron: art. 14 “…de trabajar, …de peticionar a las autoridades…”art. 14 bis “…condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, ….retribución justa, ….participación en las ganancias de la empresa, …”etc. Etc., como si fuera poco, una oposición que se desangra haciendo denuncia pero que aplauden la orden presidencial, y se preparan a votar la ley KUNKEL; ya que este a sabiendo que se trata de una ley que ayudara a reprimir y confiado en los “ideales” de la oposición dice que no aprovecharan la mayoría del congreso para votar su ley; o sea quiere legitimar esta ley con otras fuerzas políticas , para que no les pase lo que ya aprendieron de Venezuela; o como si fuera poco, una Burocracia sindical garantizándole que no se desborden las luchas y quede todo en negociaciones de cuotas sindicales y obras sociales; O la izquierda FIT, organizando el socialismo en las urnas y sin llamar a formar organismos obreros. Es así, a este gobierno no le es suficiente, porque no solo se va a llevar por delante todos esos derechos democráticos burgueses, como lo viene haciendo; ya que aumenta en forma peligrosa la desocupación, el salario se lo comer la inflación, las condiciones se vuelven indignas en las fabricas con los procedimientos de emergencia que resuelve el Ministerio de trabajo con sus amigos los patrones y burócratas, las jornadas se extiende por la reducción de personal. Además, necesita que toda la ganancia que se obtenga por lo que no se distribuye al trabajador se lo lleven las empresas de Wall Street y las trasnacionales. Necesitan darle garantía a la burguesía en sus negocios, porque ellos forman parte de esa burguesía. Lo que quieren es garantizarse que antes que los trabajadores se vuelvan más combativos, porque no aguanten las terribles condiciones de pobreza a la que esperan someterlos; puedan controlarlos y que no les pase como en Venezuela con el Bolivariano Nacional y popular. Saben que con la ley antiterrorismo, trabajadores procesados, e incluso algunos condenados a cadena perpetua no va a ser suficiente para frenarlos; como se demostró con el paro del 10 de abril, que a pesar de los burocracia los obreros se organizaron para parar, saben que van a necesitar ya no pasar por el poder judicial a que les legalice la represión, van a tener que reprimir con manos libres. Para eso necesitan esta ley, que tiene un claro antecedente en el “Decreto Supremo 1086”, promulgado por Pinochet, el 15 de septiembre de 1983, años en los que la luchas democrática lanzaba a miles de trabajadores a las calles a desafiar a la opresión militar. Este decreto en su articulo segundo indica en forma clara, los datos que los manifestantes deben avisar a los funcionarios de gobierno con dos días de anticipación: este dice: “…El aviso indicado deberá ser por escrito y firmado por los organizadores de la reunión, con indicación de su domicilio, profesión y número de su cédula de identidad. Deberá expresar quiénes organizan dicha reunión, qué objeto tiene, dónde se iniciará, cuál será su recorrido, donde se hará uso de la palabra, qué oradores lo harán y dónde se disolverá la manifestación”. El proyecto de ley kirchnerista calca a la ley dictatorial y señala en su artículo séptimo: “Toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas. En esa notificación deberá indicarse: a) El lugar en que se llevará a cabo. b) El tiempo estimado. c) El objeto de la manifestación. d) El manifestante delegado.” Con esta nueva figura “el manifestante delegado” nos quieren hacer creer que es una instancia de mediación que ayudará, para disuadir a la movilización a que se desconcentre; ya que cuando la manifestación corte la vía publica el manifestante delegado tendrá una reunión, con miembros del estado para encaminar los reclamos, pero esta reunión tendrá un máximo de dos horas para resolver todos los motivos que generaron la marcha e irse, o sea que los conflictos de salario, despidos, seguridad, salud, que no se aplique ganancias al trabajador y que no exploten la clase obrera, como lo vienen haciendo históricamente lo tienen que resolver en dos horas de mediación con un solo representante de la marcha y varios funcionarios públicos y policías privados designados por el estado, personas del poder judicial amigos del estado, y de la defensoría del pueblo. (art. 13 del proyecto de ley) Porque sino la marcha se considerara ILEGITIMA, o sea que un problema histórico que no pudo resolverse con el patrón, los burócratas, el ministerio o la justicia se resolverá en dos horas con un delegado en la calle con funcionarios directos del gobierno o se declara ilegitima; y si no le logra el acuerdo se hace un acta; dando lugar así al Ministerio de Seguridad, quien era la autoridad para decidir el destino de esta marcha, a que haga uso de toda la fuerza pública de que disponga. Eso si no se preocupen, porque lo van a hacer bajo los principios de: legalidad, gradualidad, oportunidad, y último recurso. (art. 21 del proyecto), incluso establece que y esto hay que reproducirlo porque no tiene desperdicio “…El uso de la fuerza pública será limitado a su mínima expresión…” supongo que se referirá a como se uso con Mariano Ferreyra, el docente Fuentealba, los empleados del Borda, los muertos del parque Indoamericanos, los asesinatos de Ledesma, Jujuy, los métodos de tortura que usaron las fuerzas de seguridad para tomar testimonio en Las Heras, y tantos otros. Otro punto que marca el alto grado represivo de la ley son los requisitos con la que deberá contar una manifestación para que sea legitima, ya que en su art. 5, inc. a) dice que no podrá impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos, en especial los relativos a la educación, la seguridad y la salud pública. La seguridad no importa, porque la controlan ellos y le otorgan aumentos de salario en la actualidad aunque no se lo pidan y aunque la inflación sea la que dice el estado. Pero los docentes y los trabajadores de la Salud que llevan años luchando; no podrán marchar, ya que los trabajadores cuando hacen paro; no cumplen con el “normal” funcionamiento. Tampoco los servicios de transporte, Subte, recolectores de basura, empleados públicos que aunque no los especifica están dentro de los servicios públicos que no pueden dejar de garantizarse. El inc. b) Dice que no impida la totalidad de la circulación de las personas y vehículos, de manera, que si vamos por la vereda afectamos el primero y si lo hacemos por la calle los segundos; por lo que nos quedan solamente las plazas, dejando senderos y los techos de las casas. Eso si, ellos se aseguran en el art. 30 poner barreras físicas con la finalidad de organizar la circulación de efectivos policiales, supongo si la memoria histórica no me falla que esta organización siempre fue utilizada en época de reclamos para reprimir mejor. Y por supuesto que finaliza este honorable art. diciendo que no se cometan delitos previstos en el código penal, me imagino que será para reservarse todos los delitos que se puedan cometer del código, para sus funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad, que son los que verdaderamente los infringen. No podemos dejar afuera de este análisis el procedimiento que indica la ley para autorizar una marcha, que aunque en un breve resumen DEFINE en su art. 2 : “…como manifestación pública toda reunión no violenta con un interés común sea prevista o espontanea, que se desarrolla en un determinado periodo de tiempo en el espacio público, con el objeto de reivindicar derechos o reclamar ante las autoridades públicas o entidades privadas. En artículos siguientes, impone que se notifique con dos días de anticipación, o sea que no puede ser tan espontanea; que la legalidad de la reivindicación o reclamo lo va a decidir el teniente Coronel, Sergio Berni que viene acompañando a los Kirchner desde 1991, en sus planes de miseria, cuando fuera designado por el entonces Gobernador Néstor, como director del hospital de la localidad Santacruceña de Veintiocho de Noviembre, o sea un fiel empleado Kirchnerista. Junto con él, trabajaran la Secretaria de Información pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia, o sea que el que va a definir si la marcha es legítima, será el mismo contra quien marchemos o contra el que defiende contra quien marchamos; EL ESTADO. Por supuesto que toda esta goriliada, se ofrece también para las provincias, las que son mediante el proyecto de ley, invitadas a participar con su adhesión, y así garantizarse ellas también que podrán reprimir y el estado pide a cambio que le legalicen semejante envestida, contra los derechos constitucionales. El estado no se pone a dictar leyes que tiene antecedentes fascista, y se prepara con un procedimiento tan detallado porque si. Y claro está que es así, pero no por lo que dice el estado; sino porque, por un lado están los intereses del estado que pretende llevar adelante su política de hambruna y mayor explotación, sin manifestaciones; y por el otro están los trabajadores que luchan por defenderse y que no cuentan con ninguna otra forma o institución que los represente, que no sea su convocatoria y su marcha. Por un lado está el estado que quiere mediante su teniente, el que debería estar persiguiendo delincuentes, narcos y traficantes de mujeres y dando seguridad, la que hoy no garantiza; ponerlo a decidir si los reclamos son “legitimos” criminalizando las luchas obreras. Y por otro estamos los trabajadores que pagamos la estructura del estado con nuestros altísimos impuestos, y largas horas de trabajo para sostener a todos estos parásitos, que nos tratan como delincuentes, cuando protestamos. Esta ley nos muestra como el estado sabe cómo organizarse, cuando las cosas se van a poner más difíciles; por eso los trabajadores también debemos organizarnos, tener nuestra propia fuerza de seguridad con comités de vigilancia y autodefensa, debemos impedir que se apruebe esta ley, que pretende además de reprimir, con manos libres, las marchas; legalizar las imputaciones por la que se encuentran procesado más de 7500 trabajadores, por causas que hoy legalizaría este proyecto – piquetes y cortes de rutas o calles- y los llevaría directo a la cárcel. Garantizando el estado con ello meter presos a los mejores luchadores y más decididos que ha dado hasta ahora la clase obrera. Nunca mejor que este día del trabajador, para organizarse e impedir el dictado de una ley tan fascista, de un gobierno que se llama así mismo democrático Nacional y Popular, y que deja de lado todos los derechos democráticos; justificados en la terrible mentira de garantizar el derecho a la libre circulación. Nada mejor que ese día, para reiterar el discurso con el que se recuerda, a uno de los condenados de CHICAGO y que dijera: Albert R. Parsons:
|
