22/4/2013

Un ejemplo de defensa de los luchadores obreros y revolucionarios, asesinados y perseguidos por la burguesía, sus jueces y sus políticos patronales

 

A continuación reproducimos extractos de la respuesta principista y de clase ante el estado burgués de la Dra. María del Cármen Verdú y la CORREPI –integrantes de la querella- ante el fallo del tribunal patronal contra Pedraza y demás asesinos de Mariano Ferreyra.

 

CONDENAR A LOS INDIVIDUOS PARA SALVAR AL SISTEMA

“…garantizar la impunidad de la dama y el rey, en cuyo beneficio entregaron un par de alfiles y un puñado de peones que ya no eran más que lastre”

 

Las condenas de Pedraza, Fernández, Díaz, Favale, Sánchez, Alcorcel, González, Pipitó y los comisarios Ferreyra y Mansilla por el homicidio consumado de Mariano y los homicidios tentados de Elsa, Nelson y Ariel; así como las condenas del comisario Lompizano, el subcomisario Echavarría y el oficial Conti por incumplimiento de sus deberes y la del agente Villalba por omisión de deberes de oficio, muestran con claridad hasta dónde estuvo dispuesto a llegar el tribunal para hacer su propia manifestación de principios, y exponer su “particular visión del mundo”, esa que, como la nuestra, expresa su punto de vista de clase. Y lo hicieron a fuerza de más de un pase de magia, para negar lo evidente.

(…) El juez Horacio Días, presidente del tribunal oral nº 21, (…) y sus colegas rechazaron, por unanimidad, la existencia de un plan criminal gestado, organizado y ejecutado por la triple alianza antiobrera: el gobierno, la patronal y la burocracia sindical, esos tres históricos aliados contra la clase trabajadora, que, así como actúan de conjunto para garantizar sus comunes negocios, se complotaron para aleccionar a los trabajadores que no les respondían y buscaban su propio camino de lucha independiente. El asesinato de Mariano Ferreyra fue el resultado de ese plan común.

El tribunal contestó también lo que dijo CORREPI, a través de la compañera Verdú, en el alegato: “Es público y notorio, y por ello no requiere más prueba que la observación de la realidad cotidiana, el modo en que el gobierno nacional resuelve la paradoja de sostener ese latiguillo propagandístico para cooptar consenso, al tiempo que lo apremia la necesidad de poner freno a las demandas insatisfechas de los trabajadores que se organizan y pelean. Y para eso están las patotas”.

Cuando una proposición no necesita comprobación alguna, porque es evidente, se llama axioma. Frente a un axioma que afecta los intereses de la burguesía, sus intelectuales se ven forzados a utilizar la falacia, como cuando el Dr. Días atribuye la participación policial en el ataque a los trabajadores en Barracas a la “incomprensión” de las fuerzas de seguridad y la “decepción que genera reacción” de la ciudadanía ante la proclamación oficial de la “no represión de la protesta”. Veintiún asesinados en la represión al conflicto social en los 10 años de gestión kirchnerista –incluido Mariano- y más de 4.000 encausados por luchar son suficiente prueba para nosotros, y para quienes comparten “nuestra visión del mundo”.

Frente a un axioma, la burguesía también utiliza la mentira lisa y llana, como lo hizo el juez Días cuando, mirando directamente hacia los militantes de CORREPI, dijo: “la muerte de Walter Bulacio terminó con las razzias”. No lo dijo un día cualquiera. Era 19 de abril de 2013. Exactamente 22 años antes, casi a la misma hora, el pibe de 17 años de Aldo Bonzi era detenido en el operativo policial dirigido por el comisario Miguel Ángel Espósito. Una semana después, murió como consecuencia del apaleamiento recibido. Entre el 25 de mayo de 2003 y fin de noviembre de 2013, otros 2.224 adolescentes y jóvenes fueron asesinados por el aparato represivo estatal, buena parte de ellos después de ser detenidos, como Walter, en razzias, por averiguación de antecedentes, faltas o contravenciones, incluso en festivales de rock, como Rubén Carballo. Ni CORREPI, ni nadie, necesita más que caminar la calle para saber que nunca terminaron las razzias, las detenciones arbitrarias, la tortura ni el gatillo fácil, que siguen vigentes las normas que permiten las primeras y se dictan a diario sentencias que justifican los últimos.

(…) Sólo rechazando la existencia de la evidente “convergencia intencional” de los policías con la patota, con la bendición de la empresa y el aparato estatal, podían los jueces garantizar la impunidad de la dama y el rey, en cuyo beneficio entregaron un par de alfiles y un puñado de peones que ya no eran más que lastre.
(…) Pero la verdad, cuando es evidente, se impone sola. El fallo en sí mismo indica que hubo un plan, y no un simple homicidio. Es imposible imaginar que la patota de Pedraza y los comisarios condenados se pusieran de acuerdo sin la venia de sus jefes políticos. Fue un fallo diseñado a la medida del gobierno, que por eso mandó a varios de sus funcionarios y militantes a aplaudirlo. Un fallo autocontradictorio, pero completamente lógico desde la perspectiva del sistema.
(…) Por último, celebramos que, al fin, un tribunal se vea obligado a reconocer que, cuando CORREPI litiga, hace una manifestación de sus principios, y no queda atrapada en la falacia de una legalidad que no nos pertenece ni está pensada para defender a los trabajadores y el pueblo.